Córdoba: un mapa de esperas que se vuelve invisible cuando la discapacidad golpea la puerta de cada casa

Acá en Córdoba, cuando una familia recibe un diagnóstico que la obliga a moverse rápido, lo primero que aparece no es el miedo sino una lista de números por llamar: la junta evaluadora, el centro de rehabilitación, el médico que firma la prótesis, la farmacia que entrega el medicamento. Conseguir cada uno de esos turnos puede significar meses de espera, y la espera se vuelve parte del tratamiento. Eso es exactamente lo que acaba de poner blanco sobre negro un informe presentado por la Defensoría del Pueblo provincial el 5 de octubre de 2026, que reconstruye, a través de entrevistas y grupos focales, los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a derechos que en el papel deberían estar garantizados.

Un certificado que se tramita como si fuera una lotería

Para empezar a caminar cualquier prestación, la mayoría necesita el Certificado Único de Discapacidad, ese documento que abre la puerta a coberturas, pensiones y acompañamientos. La Defensoría relevó que la Ciudad de Córdoba cuenta con juntas evaluadoras en siete hospitales, dos de ellos pediátricos, y que las citas se otorgan con esperas que van de los dos a los tres meses. A eso se suman las demoras para conseguir turnos con los especialistas que firman la documentación, un paso previo sin el cual la junta ni siquiera puede intervenir. El resultado es un corredor burocrático que se recorre varias veces y que, mientras tanto, deja a las familias sin certezas.

Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto a cargo del relevamiento, describió que los plazos se estiran todavía más después, cuando se pasa del papel a la prestación concreta: entre cuatro y nueve meses para acceder a prótesis y medicamentos, y entre nueve y catorce meses para ingresar a centros de rehabilitación. Son tiempos que corresponden a lo expuesto en el informe y que no permiten anticipar cuánto demorará cada trámite particular, pero que dibujan un piso bastante claro de lo que una familia puede llegar a esperar.

Mientras tanto, la cuenta la paga el bolsillo y la salud de las mujeres

Yo hablo seguido con vecinas que están criando solas a un hijo con una discapacidad profunda y, créanme, lo que cuenta el informe no les suena nuevo: suena a lunes. Varias de esas mujeres, según el documento, terminaron pagando de su propio bolsillo terapias, transporte y apoyos escolares durante meses o años. Una madre entrevistada, por ejemplo, dijo haber desembolsado entre 150.000 y 180.000 pesos solo en sesiones, después de sostener atención particular durante alrededor de dos años. Esa plata sale de sueldos recortados, de jornadas laborales achicadas, de horas de descanso que ya no existen.

El relevamiento también describe una carga que casi nunca se mide pero se siente todos los días: la del cuidado, que sigue recayendo de manera desproporcionada sobre las mujeres. Madres que reducen su jornada, que dejan trabajos, que reorganizan la vida entera alrededor de un cronograma de turnos que además cambia todo el tiempo. "Uno no se sienta a planificar el mes, se sienta a ver cómo llega al próximo turno", me dijo Silvia, una vecina del barrio Empalme con la que charlé mientras pensaba esta nota, y la frase, aunque no salió del informe, resume el mismo aire que se respira en sus páginas.

El otro lado: prestadores ahogados entre deudas y números que no cierran

Las demoras no golpean solo a las familias. El estudio recoge atrasos de varios meses y hasta de un año en los pagos que deben realizar obras sociales y programas estatales hacia los centros que efectivamente brindan las prestaciones. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles del nomenclador nacional de discapacidad aumentaron en promedio un 225%, frente a una inflación acumulada del 336% en el mismo período. El desfasaje es concreto y, según el documento, condiciona la continuidad de los servicios.

El transporte es otro capítulo donde la diferencia se nota en el surtidor: en ese mismo intervalo, la nafta súper subió un 559%, mientras que el valor reconocido por kilómetro por los programas de discapacidad se actualizó apenas un 231%. El informe vincula directamente esa brecha con la decisión de algunas instituciones de recortar gastos, suspender traslados o dejar de atender a ciertos usuarios. Cuando el Estado reconoce menos de lo que cuesta moverse, el que deja de viajar es el paciente, y cuando el prestador cobra menos de lo que necesita para sostenerse, el que deja de atender es el prestador: la cadena se corta siempre en el mismo eslabón.

Una imagen que se repite en muchas mesas familiares

Cuando me senté a escribir esta nota, me acordé de una imagen que escuché una y otra vez a lo largo de los años: la de una cocina de casa, a la noche, con una planilla escrita a mano donde una madre anota turnos, obras sociales, medicamentos, kinesiólogos, viáticos y fechas tentativas. Esa planilla es el verdadero sistema de salud que sostiene la discapacidad en Córdoba mientras la respuesta formal llega, si es que llega. El informe de la Defensoría no mide toda la provincia ni pretende reemplazar estadísticas, pero describe con bastante precisión lo que pasa cuando se cruzan papeles oficiales y vidas reales: siempre, en algún lugar, alguien espera sentado, y la espera tiene nombre, dirección y apellido.