Procesan al exagente Raúl Martins por lavado y le traban un embargo de 300 millones de pesos

La Justicia federal procesó con prisión preventiva a Raúl Martins, exagente de la SIDE de 77 años, por el delito de lavado de activos, y le trabó un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos. La medida fue dispuesta por la jueza María Servini, que además rechazó los pedidos de sobreseimiento y de falta de mérito que había presentado la defensa.

La causa y el eje del debate

La investigación busca determinar si Martins intervino en operaciones orientadas a incorporar al circuito económico formal fondos que, según la hipótesis fiscal, provenían de la explotación sexual de mujeres. De acuerdo con la resolución, el expediente atribuye al acusado 26 operaciones vinculadas con la adquisición de propiedades y la administración de sociedades, realizadas entre 2009 y 2012.

La defensa sostuvo que esas maniobras eran anteriores al período comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2014, que la Justicia considera firme para el delito de explotación sexual. En su descargo, Martins afirmó que en ese primer tramo las acusaciones habían sido archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.

La postura del juzgado

Servini concluyó que la fecha de constitución de las sociedades no resultaba suficiente para descartar las maniobras. En su argumentación, explicó que una firma creada con anterioridad al hecho investigado puede ser utilizada más tarde para administrar u ocultar activos de origen ilícito.

La magistrada evaluó en forma conjunta la actuación de sociedades argentinas y extranjeras, los poderes de administración y la intervención de familiares de Martins. Entendió que el acusado habría mantenido el control efectivo de la estructura, aun cuando no figurara como beneficiario final en los registros.

Cronología y situación procesal

• La causa se inició el 6 de marzo de 2013, tras una denuncia anónima al Ministerio de Seguridad sobre una posible explotación sexual en un local de Villa General Mitre.
• Martins fue detenido en México en 2019 y extraditado a la Argentina desde Cancún.
• Durante la indagatoria se negó a responder preguntas y presentó un escrito en el que pidió sobreseimiento o, en subsidio, falta de mérito.
• La jueza Servini ordenó el procesamiento con prisión preventiva y un embargo de 300 millones de pesos.

La causa aún se encuentra en etapa de instrucción y con secreto de sumario. Resta definir si la acusación formal queda en manos de la Fiscalía y, eventualmente, si el caso avanza hacia la etapa de juicio oral.