Acá, en la Argentina de todos los días, algo se viene diciendo en voz baja hace rato y ahora los números lo confirman con una crudeza que duele: la salud mental está en terapia intensiva. Las internaciones por problemas psiquiátricos subieron 42% entre 2023 y 2026, con un salto adicional del 12% sólo en los últimos doce meses, mientras que las consultas ambulatorias crecieron 23% en el último año. Son cifras de un relevamiento federal coordinado por la Universidad Nacional de Lanús, que juntó información de las máximas autoridades sanitarias de 14 provincias: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, unidas después por Entre Ríos y Río Negro, que también se sentaron a la mesa.

Juntas, esas jurisdicciones representan a más del 70% de la población del país, así que no estamos hablando de un muestreo menor ni de una provincia perdida en el mapa: estamos hablando del corazón productivo y demográfico de la Argentina, ese lugar donde uno se imagina al lector viviendo, con su obra social a punto de vencer, con su hijo adolescente que no quiere ir al colegio, con su vieja que se quedó sin prepaga y ahora depende del hospital público del barrio. Es que el informe registra, justamente, dos datos que a mí, como cronista de la vida cotidiana, me golpean especialmente: por un lado, creció fuerte la demanda de atención de niñas, niños y adolescentes; por el otro, se multiplicaron las consultas de personas que perdieron la cobertura de obras sociales o prepagas y cayeron al sistema público. En la provincia de Buenos Aires, nada menos que el 30% de las consultas en las guardias hospitalarias corresponde hoy a problemas de salud mental, una cifra que hasta hace poco parecía impensada y que hoy se cuenta con la naturalidad con la que se contaba antes una fiebre o un dolor de panza.

Más camas, pero equipos al límite

Entre 2021 y 2026 se incorporaron al menos 388 camas nuevas de salud mental en hospitales generales de todo el país, y trece de las catorce provincias relevadas ampliaron sus redes comunitarias con centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos específicos para el abordaje de consumos problemáticos. Acá uno respira medio segundo y se permite una pequeña sonrisa: no es que el Estado estuviera mirando para otro lado, no es que las provincias se hubieran cruzado de brazos mientras la demanda se disparaba. Hubo inversión, hubo decisión política, hubo gente laburando en los territorios. El problema es que aun así las autoridades provinciales reconocen, con una honestidad que casi desarma, que esas capacidades están sobreexigidas frente a una demanda que no cesa, y que existen dificultades serias para completar los equipos con disciplinas críticas. Faltan psiquiatras, faltan psicólogos, faltan trabajadores sociales, faltan enfermeros especializados, y los que están suelen terminar quemados, atendiendo el triple de pacientes de los que deberían, en guardias pensadas para otra época.

• Aumentar la inversión específica en salud mental, hoy claramente insuficiente.
• Ampliar la infraestructura y los recursos humanos, con políticas de formación y retención de profesionales.
• Garantizar el acceso a medicamentos, muchas veces relegados frente a otras partidas presupuestarias.
• Producir información epidemiológica nacional de calidad, para dejar de manejarse a ciegas.
• Recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios, que en los últimos años se fue deshilachando.

Todas esas prioridades las plantearon las propias provincias en el encuentro donde se presentaron los datos, un detalle que me parece importante porque a veces uno escucha hablar de salud mental desde un escritorio porteño y parece que el tema fuera ajeno. Acá no: acá lo plantearon los ministerios que están recibiendo a la gente en los hospitales, los que contienen a los pibes en los centros de día, los que pelean para conseguir una cama cuando ya no hay más camas. Lo hicieron, además, en un momento político particular: el informe fue presentado en el Senado en el marco del debate por la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010, una ley que cambió la manera en que la Argentina piensa la locura y que ahora, según las autoridades provinciales, corre riesgo de perder sus marcos y garantías sin que se incorpore el financiamiento necesario para ampliar la respuesta de los sistemas públicos. La frase exacta que usaron es que la propuesta elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental sin incorporar el financiamiento necesario, y esa advertencia, viniendo de quienes manejan los hospitales, pesa.

Cuando terminé de leer el informe me acordé de una conversación que tuve la semana pasada con Marta, una vecina del barrio que trabaja en la administración de un hospital público y que me dijo, mientras firmaba un papel y miraba el reloj, que ya no sabe dónde poner a la gente que llega derivadas por cuadros de ansiedad severa, de intentos de suicidio, de depresiones que no ceden con nada. No me lo dijo con rabia, me lo dijo con esa mezcla de cansancio y compromiso que tienen los que todavía creen en lo que hacen, y que es, me animo a decir, el verdadero termómetro de un país. Los números están a la vista: 42% más internaciones, 23% más consultas, 30% de las guardias abocadas a la salud mental en la provincia más grande. La pregunta ya no es si el sistema responde, sino cuánto tiempo más podrá seguir haciéndolo sin que alguien, en algún escritorio con aire acondicionado, decida que esta vez la respuesta no puede ser otra que invertir de verdad en cuidar a la gente que cuida.