La cosecha ya no obliga a elegir entre el surco y el plan: extienden el régimen que compatibiliza trabajo rural temporario y beneficios sociales hasta 2027

El invierno pega fuerte en el sur mendocino y la mañana arranca con una helada que pinta de blanco los alambrados, pero en las fincas ya se piensa en la próxima poda y, más adelante, en la vendimia. En cada temporada, la misma pregunta vuelve a las mesas de miles de familias rurales: si consigo un trabajo registrado en la cosecha, ¿pierdo los planes sociales que sostienen el resto del año? Desde 2021 existe un régimen que responde justamente a ese dilema, y esta semana el Gobierno decidió estirarlo doce meses más, hasta el 1 de septiembre de 2027, a través del Decreto 1204/2026 publicado en el Boletín Oficial.

La medida alcanza a unos 50.000 trabajadores rurales temporarios y estacionales, y también cubre a alrededor de 83.000 hijos de esos aportantes, según los cálculos oficiales que circularon cuando se amplió el esquema original. En concreto, la norma alcanza a quienes se desempeñan bajo las modalidades de empleo temporario o permanente discontinuo previstas en la Ley de Trabajo Agrario, a los contratados por tareas agropecuarias eventuales y también a los comprendidos en los Convenios de Corresponsabilidad Gremial, una herramienta clave en economías regionales como la vitivinícola, la frutícola del Alto Valle o la caña de azúcar tucumana.

Cómo funciona en el día a día

Lo que el decreto garantiza, en la práctica, es que aceptar un contrato formal en una campaña agrícola no implique resignar automáticamente la red de contención social. Las prestaciones que pueden mantenerse durante la contratación incluyen las asignaciones familiares, la Tarjeta Alimentar y el programa Volver al Trabajo, siempre según las condiciones de cada caso y del tipo de prestación que se trate. Para la economía doméstica del trabajador, eso significa que el ingreso del surco se suma a los beneficios sin reemplazarlos.

• Asignaciones familiares: se conservan durante todo el período de contratación, con un piso equivalente al cien por ciento del valor de la Asignación Universal por Hijo.
• Tarjeta Alimentar: puede mantenerse sin modificarse durante la relación laboral.
• Programa Volver al Trabajo: se mantiene según las condiciones de cada beneficiario.
• Si el empleo se extiende de forma continua por más de seis meses, ciertos beneficios monetarios pasan a computarse como parte del salario, salvo la Tarjeta Alimentar, con el objetivo de facilitar el salto hacia el empleo registrado pleno.

El otro costado de la norma es el que mira a los empleadores: el esquema contempla una reducción de contribuciones patronales para quienes contraten bajo estas modalidades, un incentivo pensado para empujar la registración en un sector históricamente marcado por la informalidad. En economías donde la vendimia o la cosecha de fruta se concentra en pocas semanas y luego el personal se dispersa, ese beneficio fiscal suele ser el argumento que decide si el personal va a estar en blanco o no.

La decisión oficial llegó después de varios meses de incertidumbre. La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, el gremio que conduce Voytilla, había advertido antes de la renovación que unos 120.000 puestos de trabajo rural estaban en riesgo en todo el país por la duda sobre la continuidad del régimen. La dirigencia venía reclamando que la prórroga se conociera antes del inicio de la cosecha gruesa para que productores y contratistas pudieran planificar las contrataciones con reglas claras.

“La experiencia de los últimos años demostró que este mecanismo es fundamental para que los trabajadores puedan aceptar un empleo formal sin perder la protección social que sus familias necesitan durante el resto del año.”UATRE, al reclamar la renovación del régimen

En los municipios donde la cosecha sostiene la economía durante dos o tres meses y después cae la actividad, la diferencia entre tener este régimen o no tenerlo se mide en puestos efectivamente registrados. Tal como lo contó a este portal un productor de Alejandro Roca que prefiere reservar su nombre, en el sur de Córdoba hemos pasado cosechas enteras peleando con la AFIP por la registración porque si el asalariado perdía el plan, al primer mes ya estaba pidiéndose el cambio de cuartel. La prórroga, dice, le permite volver a armar los frentes de trabajo sin eseadura de cabeza. La herramienta, conocida del surco a la góndola, es la misma que recorre toda la cadena: el cosechero, el contratista, el establecimiento, la tranquera abierta y el cajón en el mercado concentrador.

La prórroga por un año deja una cuenta pendiente que el Estado todavía no resolvió de manera definitiva: la necesidad de que el régimen deje de renovarse de a tramos y se consolide como una política permanente. Mientras tanto, del lado de los trabajadores rurales la lectura es clara. Por estos doce meses la incertidumbre se aplaca, pero la pelea de fondo sigue abierta: cómo hacer para que la temporada alta no obligue a elegir entre cobrar el sueldo de la cosecha o conservar el plan que paga la luz, la carne y la leche el resto del calendario.